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| El Gobierno catalán, presuntamente rebelde, se dicioso y malversador (Foto de Internet) |
En el momento de poner-me ante el ordenador para resumir y comentar el desarro-llo del juicio al “procés” durante esta semana que empieza el lunes 11 de Marzo de 2019, me viene a la mente un Principio general del Derecho Español, procedente de una “regula iuris” del Derecho Romano, cuyo origen se encuentra en el jurista Paulus, libro octavo “ad Sabinum” y recogido en el Digesto de Justiniano 50, 17, 29, en los siguientes términos: “Quod initio vitosum est, nom protest tractu temporis convalescere” (LO QUE ES VICIOSO EN UN PRINCIPIO, NO PUEDE CONVALIDARSE POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO), aplicable en su integridad al Gobierno de la Generalitat, así como a todas aquellas instituciones, organizaciones y colectivos catalanes (pacíficos, violentos o “medio pensionistas”) que quebrantaron el orden constitucional español para proclamar la república catalana; el transcurso del tiempo, en vez de aprobar su rebelde sedición, nos va aflorando nítidamente su comportamiento delictivo que esperamos sea sancionado con arreglo a las leyes que ellos conculcaron.
A las 9,58 horas del lunes 11 de Marzo se reanudó la declaración de Manuel Castellví, interrumpida el pasado jueves. Ha tenido tiempo de repasar lo que dijo ante el Tribunal, de asimilar (o no) los insultos y amenazas de sus paisanos a través de las redes sociales, y de dormir con protección policial; tiene que responder a los abogados defensores que buscan eliminar la tesis de que él (Castellví) alertó de ese previsible escenario de enfrentamiento en la jornada del referéndum ilegal.
Sin contradecir lo declarado a las preguntas de las acusaciones, digamos que las “endulzó” matizándolas; rechazó que el Gobern tratara de persuadir a los Mossos sobre el operativo policial para aquel día; respecto a las “escuelas abiertas” desvió la responsabilidad hacia la “comunidad educativa” (padres, madres y profesores) en la que habían en marcha diversas “huelgas”; y al ser preguntado por los CDR negó que estuvieran impulsados por el Gobern… Su “vía crucis” había finalizado cuando el Presidente Marchena le dijo que podía marcharse, tras darle las gracias.
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| Emilio Quevedo Malo (Foto de ABC) |
A continuación fue llamado el testigo EMILIO QUEVEDO MALO, que era el responsable de la comisaría general técnica de la policía autonómica en las fechas de autos, quien corroboró lo dicho por su compañero Castellví de que el Gobern estaba aviado de los previsibles enfrentamientos, una advertencia que ignoraron para seguir adelante con el referéndum ilegal.
Si Castellví, a nuestro juicio, “sudaba tinta” durante su interrogatorio, Quevedo “nadaba” en un proceloso mar de dudas en todas y cada una de las parsimoniosas y titubeantes contestaciones que iba desgranando, llegando en algunos momentos a sacar de quicio al fiscal cuando mantenía que los Mossos actuaron al margen de los políticos, aunque reconoció que eran conscientes de la previsible violencia que envolvería la jornada del uno de Octubre y aún así mantuvieron la convocatoria, lo que a juicio de la fiscalía suponía haber asumido (el Gobern) la violencia como un medio (no deseado, pero aceptado) para sus fines.
Se refirió también a la reunión del 28 de Septiembre en la que se les comentó (a Puigdemont y Forn) que el día uno de Octubre habría una alta movilización de personas y que podría existir algún problema de seguridad en diversos supuestos, uno de ellos que hubiera enfrentamiento entre partidarios y detractores del referéndum, añadiendo que también advirtieron de los posibles “choques” con la policía, a todo lo cual el president Puigdemont contestó que tenía un mandato que cumplir, avalado por las recientes elecciones y que mantenía la convocatoria. Pese a todo, el testigo intentó defender el dispositivo de los Mossos, tratando de responsabilizar a todos los cuerpos policiales de lo que sucedió en el referéndum ilegal y sosteniendo que no había operativos separados porque había una coordinación dirigida por Pérez de los Cobos
En cualquier caso, el testigo, a las preguntas del fiscal admitió que la realidad es que el dispositivo programado por los Mossos no evitó el uno de Octubre, aunque insistiendo una y otra vez en que movilizaron a todos los agentes “disponibles y adecuados” para el tipo de dispositivo que merecía el referéndum suspendido por orden judicial. A las preguntas por la “resistencia” en los centros de votación, Quevedo admitió que en los colegios había personas que tenían intención de impedir el cumplimiento de la orden judicial, confirmando que esas personas buscaban frustrar la actuación policial
Los anteriores testigos cuyas declaraciones hemos resumido y glosado, forman parte del elenco probatorio del presunto delito de rebelión (o en su caso sedición) cometido por los procesados., mientras que algunos de los demás convocados para la semana son aquellos mediante los que acusadores y defensores procurarán probar sus antagónicas posiciones de si también los encasados pudieron cometer el delito de malversación de caudales públicos. Esos testigos son responsables y trabajadores de las empresas a las que la Generalitat, presidida por Puigdemont, encargó la confección y suministro de material (papeletas, sobres, tarjetas censales y carteles de propaganda) para el referéndum ilegal, y su distribución. Estas empresas “colaboradoras” las encabezaba UNIPOST, una firma de correo y paquetería a la que la Guardia Civil le intervino 45.000 cartas certificadas para repartir.
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| Pablo Raventós Saenz, Administrador de UNIPOST (Foto de Internet) |
El “papel” de UNIPOST y los terratenientes RAVENTÓS (que no hacía mucho habían recibido un préstamo de tres millones de euros de la Generalitat), a cuyo frente habían puesto a un familiar (PABLO RAVENTÓS SAENZ), según los informes de la Guardia Civil entregados al Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, quien a su vez los remitió al Tribunal Supremo, aseguran que un alto cargo a las órdenes de Oriol Junqueras, concretamente el director de Patrimonio de la Generalitat (Francesc Sutrias i Grau) mantuvo una reunión con los dueños de UNIPOST para acordar como debían responder ellos y los trabajadores a la Guardia Civil, que había intervenido en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con la votación ilegal del uno de Octubre de 2017
Los tres trabajadores de Unipost que han declarado este lunes ante el Tribunal Supremo se lavan las manos sobre una posible malversación de fondos públicos perpetrada por el Govern cesado liderado por Carles Puigdemont. No declararon ni el Administrador Pablo Raventós, ni el empleado David Palanqués al estar ambos encausados en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.
El jefe de producción, Albert Planas Raig, y el director de operaciones, Francisco Juan Fuentes, han sostenido que en un primer momento desconocían que el envío masivo de cartas estaba destinado al referéndum ilegal. De acuerdo con su testimonio, no repartieron las cartas en los que se llamaba a los ciudadanos a constituir las mesas electorales --y que llevaban el membrete de la Generalitat-- ni tampoco cobraron por el servicio contratado cuyo precio se había pactado en un millón de euros.
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| Francisco Juan Fuentes, Jefe de reparto de UNIPOST (Foto de Internet) |
Por su parte, Antonio Manuel Santos Falcón, el tercer testigo y responsable de distribución de la empresa de envíos --ahora en quiebra-- ha negado haber hablado con la Generalitat de ningún envío de la administración. "Los envíos no llegaron nunca", ha dicho Santos, "en mis dependencias, en Barcelona y Badalona, no llegaron los certificados".
Tras la declaración de esos empleados de UNIPOST el presunto delito de malversación (en cuanto a la distribución de propaganda electoral se refiere) quedó en el aire, pese a que la Guardia Civil encontró facturas dirigidas a la Generalitat, pero que no quedaron reflejadas en los registros ni en albaranes de esa empresa y de la de buzoneo de José Oriol González, que tampoco declaró por estar sujeto a proceso en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona,, lo que puede significar que no se llegaron a pagar o bien que el pago se realizó al margen de la Administración Concursal (UNIPOST estaba intervenida en concurso de acreedores).
Y en este casi mafioso juego de “tomarle el pelo al Estado” (“Untal Toni”, “una furgoneta blanca”, “unos encuentros en polígonos industriales en los que se cargan pales con materiales”, o “en el hall de un hotel para recibir documentos”), surge un mirlo blanco que durante su declaración mentía como un bellaco (el “autónomo” diseñador gráfico Enric Vidal Famades), una especie de “paracaidista” que confesó haber hecho muchos trabajos para OMNIUM CULTURAL, que recibe la llamada del tal Toni, se convierte en intermediario, en una especie de “chico de los recados”, que sin dar a conocer la identidad de sus presuntos clientes (que dice desconocer) hace encargos sustanciosos en tres imprentas diferentes de toda la cartelería, papeletas, cartas, sobres y demás elementos necesarios para la convocatoria del referéndum ilegal, sin aclarar “quién pagará la cuenta”.
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| Enric Vidal Famades, dijo poco de lo mucho que sabía (Foto de Internet) |
Los testigos responsables de la imprenta Artiplar que declararon (Enrique Mary Yriarte y Rosa María Sans) hicieron piruetas para tratar que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado logren probar los supuestos delitos de malversación de los `procesados separatistas”.
Difícil lo tiene la hábil interrogadora Rosa María Seoane, Abogada del Estado, para probar la malversación de caudales públicos que parece ser el principal elemento de su acusación; los responsables de la Generalitat actuaron con alevosía y nocturnidad, torearon al “chulo” del ministro Montoro que les “controlaba” las cuentas, y gastaron presuntamente los dos millones ochocientos setenta mil euros (2.870.000 €) en que el Ministerio Fiscal cifra lo defraudado según la documentación aportada al sumario por la Guardia Civil. Resumiendo: Los testimonios del martes 12 no sirvieron para esclarecer el misterio de quien imprimió y pagó las cartas y demás gastos del uno de Octubre.
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| La Abogado del Estado Rosa María Seoane (Foto de Internet) |
Los testigos que han declarado en los dos últimos días sobre la propaganda de la consulta del 1 de octubre han mostrado una sospechosa mala memoria. Incluso algunos como Jaume Mestre, responsable de las campañas publicitarias de la Generalitat, ha sufrido un ataque de amnesia. Su incapacidad de recordar hechos probados y acreditados de su ámbito de trabajo ha obligado a advertirle a Manuel Marchena, presidente del Tribunal, que podría estar cometiendo un delito de falso testimonio. Durante su interrogatorio, como durante el de Enric Vidal de ayer, era imposible no tener la sensación de que ambos estaban aleccionados para encubrir las responsabilidades de quienes les mandaban. Veremos si la Justicia castiga estos testimonios que, lejos de ayudar a establecer la verdad, han contribuido a sembrar confusión sobre unos hechos que tenían la obligación de conocer.
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| Jaume Metre Anguera, durante su “mentirosa” declaración (Foto de Internet) |
Un importante testigo propuesto por las acusaciones que, pese a estar encausado en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona y tener derecho a no declarar, mostró su disponibilidad a contestar a todo aquello por lo que se le preguntara, fue ALBERT ROYO MARINÉ, ex secretario general y hombre fuerte de DIPLOCAT, entidad dependiente financieramente en un elevadísimo porcentaje de la Generalitat de Cataluña.
Según la Fiscalía, ese órgano de diplomacia internacional del gobierno catalán pagó gastos de observadores internacionales en el referéndum, lo que supondría un delito de malversación. A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal explicó que eran habituales las “invitaciones” en la actividad de DIPLOCAT (se excedía tanto en sus explicaciones e iba “por los cerros de Úbeda”, que el Presidente le llamó en dos ocasiones la atención) con una frecuencia casi mensual. Negó que los observadores entre el 28 de Septiembre al 3 de Octubre fueran “observadores”, los presentó como “políticos o estudiosos europeos que mostraron su interés por conocer la situación de Cataluña”, respecto a los que DIPLOCAT se había limitado a gestionar su solicitud.
No obstante, pese a su intento de desvincular esas “visitas” con el referéndum, admitió que los gastos (viajes en primera clase, hoteles de 5 estrellas y ¿dietas?) fueron satisfechos por adelantado, mediante transferencias, por DIPLOCAAT.
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| Albert Royo Mariné, durante su declaración (Foto EFE) |
En la búsqueda de probar la malversación de caudales públicos por arte de la Generalitat de Cataluña, al emplearlos en la financiación del procés y referéndum ilegal, le tocó el turno a TERESA PROHIAS RICART, funcionaria supervisora de las facturas que se debían de pagar a cargo de los presupuestos oficiales (esta señora fue condenada por el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables, según se publicó en la prensa hace unos meses), quien negó que se abonaran facturas que no correspondieran a expedientes previamente aprobados por los trabajos a realizar; no existía expediente de diseño de la creatividad para el anuncio publicitario del referéndum (eso correspondía al departamento bajo la responsabilidad de Antonio Molons); sobre la solicitud de servicios de UNIPOST, dice que se enteró cuando la Guardia Civil le mostró documentos que así lo decía; que efectivamente esa empresa era adjudicataria de servicios postales para la Generalitat, con facturas normalizas, pero que desconocía una de 240.000 euros, al parecer aplicable a gastos por el referéndum, ya que no constaba en los expedientes de adjudicación, por lo que tal factura no generó un compromiso de pago, ni pago alguno.
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| Teresa Prohias, “Jefa de Pagos de la Generalitat" (Foto de Internet) |
Ante las concretas preguntas sobre el estado contable de facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, se parapetó una y otra vez en que no constaban en forma alguna en el sistema informático de facturación, toda vez que no había expediente administrativo que las respaldara; también negó (con los mismos argumentos) el pago de facturas a UNIPOST, a una proveedora llamada Teresa Guix o por la creación de la Web referéndum.cat.; a las preguntas del Letrado Sr. Homs sobre si la urgencia de la contratación de algunos servicios en el mes de Septiembre (como el de extranjeros en el exterior) era por el referéndum del uno de Octubre, dijo que no, que era lo normal que en el último trimestre se ejecutaran las partidas pendientes del presupuesto.
Finalizada la anterior declaración que dejó (a nuestro parecer) un sabor a insinceridad bajo la apariencia de formalismos y tecnicismos, el Presidente puso de relieve que los testigos JOSEP MARÍA JOVÉ LLADÓ (nº 2 de Junqueras en Economía), ANTONIO MOLONS GARCÍA (Secretario de Difusión del Gobern y presunto “UNTAL TONI”), SANTIAGO VIDAL MARSAL (ex senador) y CARLOS VIVES OI i SUÑER (“arquitecto jurídico del procés) habían presentado escritos excusando su comparecencia al estar sujetos a procesos en otras jurisdicciones, por lo que se procedió al “plato fuerte” de la jornada que no era otro que la declaración del Jefe máximo de los Mossos de Escuadra, JOSE LUIS TRAPERO ALVAREZ, quien irrumpió en estrados acompañado de su Letrada Doña Olga Tubau (está procesado por rebelión ante la Audiencia Nacional), y manifestó que quería declarar como testigo, por lo que se inició el interrogatorio por el Letrado de VOX (Javier Ortega Smith-Molina), único que lo había propuesto.
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| Trapero y su Letrada durante la declaración (Foto de Internet) |
Vaya por delante que la declaración del señor Trapero duró seis largas horas (descontadas las interrupciones, incluida la de la comida) y al final de la misma (nosotros nos la “chupamos” integra) se le veía cansado pero “entero”, nos hizo recordar aquella frase que Shakespeare puso en boca de Marcelo en el acto I de Hamlet “¡Algo huele mal en Dinamarca!” y traducirlo por ¡Algo huele mal en el separatismo catalán! Solo tenía que observarse las caras de circunstancias de Forn (Jefe Político de Trapero, el 1 de Octubre) o la de Junqueras (el que quería ir a “por todas” aquel día), así como el del equipo de abogados defensores que se revolvían inquietos en sus aterciopelados y muñidos asientos.
El Letrado de VOX no estuvo demasiado acertado en las preguntas y se pasaba del 20 de Septiembre al 1 de Octubre, mezclando y confundiendo al testigo y al Tribunal (el Presidente tuvo que llamarle la atención por ello). Respecto a los sucesos ante la Consellería de Economía el 20 de Septiembre, Trapero no aclaró si aquella manifestación “espontanea” estaba o no autorizada por la autoridad gubernativa, ni como habían podido enterarse los convocantes con antelación para que desde antes de llegar la Comisión Judicial, auxiliada por la Guardia Civil, hubieran tantos cientos de manifestantes que llegaron a ser cuarenta o cincuenta mil personas al final de la tarde-noche; habló de la “profesionalidad” de ANC y OMNIUM para este tipo de concentraciones, así como de que ambas entidades catalana-separatistas tienen una perfecta organización de orden interior propia, a la que sus “Mossos” pidieron colaboración para que la Comisión pudiera entrar y salir al finalizar sus labores de registro, pues ellos (la policía autonómica) contaban con pocos efectivos sobre el terreno, de los que algunos estaban dentro del edificio con la misión de “ayudar”. También explicó las veces que habló por teléfono aquella jornada con el procesado Cuixart.
Poco o casi nada dijo sobre el presunto cariz violento de una parte de aquellos manifestantes (“se nos colaron cien o doscientos individuos que siempre causan disturbios”) y del vandalismo sobre los vehículos de la Benemérita que los dejó para la chatarra, como aquel que dice, pasó de puntillas; eso sí, se apuntó el tanto de haber proporcionado la salida de la Secretaria Judicial por los Juzgados “no porque no fuera segura la salida por la puerta principal, sino porque por el tejado era TOTALMENTE segura a salvo de cualquier incidente”.
Que no le sentó bien la figura del “coordinador” De los Cobos, no lo ocultó; lo exteriorizó ampliamente y justificó desde el prurito de que en los Mossos solo él debía mandar; defendió en todo momento la actuación de la fuerza policial a sus órdenes y si alguien quebró la colaboración con las policías estatales fue por parte de los mandos de estas…
Así transcurría el interrogatorio de VOX cuando le tocó el turno al Ministerio Fiscal. Zaragoza se dio cuenta inmediatamente que no se le estaba preguntando por lo esencial: las reuniones de los días previos al 1 de Octubre (mencionadas por el comisario Castellví en su declaración) en las que estaban presentes los mandados policiales, Puigdemont, Junqueras y Forn, por lo que intentó preguntarle sobre las mismas, siendo interrumpido por el Presidente al recordarle que por no ser “testigo suyo” solo podía pedir que aclarara o ampliara alguna de las respuestas que había dado a las preguntas de VOX.
Sobre el operativo del uno de Octubre dijo que había delegado en su segundo Ferrán López y que a su entender la actuación en aquella fecha de los dirigentes políticos (Forn) fue de irresponsabilidad ya que no tenían en cuenta que el referéndum era ilegal y con sus manifestaciones causaban malestar porque confundían a la gente respecto de cuál era el papel de los Mossos y daba la impresión de lo que no era. A su entender se alimento algo que están pagando (el Cuerpo) actualmente, cosa que censuran a esos irresponsables políticos.
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| Luis Ferrán López Navarro en quien Trapero delegó los operativos del 1 de Octubre (Foto de Internet) |
Cuando tras las seis horas de interrogatorio sin que se hubiera preguntado sobre lo sustancial, de lo que debían congratularse las defensas de los procesados, el Presidente Marchena, haciendo uso de las facultades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le concede para preguntar aquello que considere pertinente a los testigos, procedió a interrogarle sobre aquellas reuniones con la cúpula del Gobern que había quedado en el “limbo procesal”, y aquí estañó el bombazo, no solo de la jornada, sino de todo lo acontecido hasta el momento en el juicio.
Y es que Marchena le pidió a Trapero que explicara el contenido de esas dos reuniones con Puigdemont, especialmente la del día 28 de Septiembre, a las que asistieron Junqueras y Forn, y esta es la respuesta que dio ante el Tribunal: “Les emplazamos al cumplimiento de la legalidad y les dijimos que no compartíamos el proyecto independentista. Y también les advertimos del grave riesgo de violencia que suponía la consulta”.
Una afirmación letal (añadimos nosotros) para los que se sientan en el banquillo, pues el mensaje a Puigdemont y Junqueras es inequívoco: se empeñaron en celebrar la consulta por razones políticas pese a que fueron advertidos de que iban a producirse graves incidentes, como así resultó,
Y para “rematar la faena” Trapero añadió: “El 27 de Octubre, día de la declaración de independencia, me puse a disposición del fiscal y del presidente del Tribunal Superior de Cataluña por si teníamos que detener al presidente Puigdemont y a los consellers”. Un golpe de efecto con el que el mayor pretendía subrayas la línea argumental de su testimonio: que siempre acató y cumplió con los mandamientos judiciales hasta el punto de estar dispuesto a arrestar a Puigdemont si los jueces se lo ordenaban.
En esas seis horas del día 14 de Marzo de 2018, fecha en la que la Iglesia Católica celebra a Santa Matilde, aquella germana reina consorte de la Francia Orienta conocido como “Enrique el Pajarero”, fallecida en tal fecha del año 968, el Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero Álvarez ha pasado de HEROE a VILLANO y las camisetas con su rostro que tantos jóvenes separatistas llevaban a partir de Agosto de 2017 cuando sus policías acabaron con los terroristas de Barcelona y Cambrils a tiro limpio (o sucio, según se mire) habrán ido a parar al contenedor de basuras organicas.
