24 Kilates: Audiencia pública (8)

Los derrotados “Mossos” salen de la Generalitat camino
de la cárcel bajo la atenta mirada de soldados del Ejército
(Foto de Internet)

Desde el mismo momento en que en el Parlament (o por el Parlament) se declaró la república catalana no tuve la menor duda de que se había llegado a tal situación tras la consumación por los dirigentes de la Comunidad Autonómica Catalana del delito de rebelión previsto y penado en el artículo 472-5º del código sustantivo criminal, tras un largo “proce-so” de “violencia”, de intensidad variable, encaminado a “decla-rar la independencia de una parte del territorio nacional español”, máxime teniendo en cuenta que los separatistas contaban con una masa de diecisiete mil policías (17.000) perfectamente armados, disciplinados y dependientes orgánicamente del Conseller de Interior de la Generalitat y por lo tanto del presidente del gobierno autónomo, policías que en 1934 durante el golpe de estado de Companys contra la II República lo habían apoyado con las armas en las manos, hasta que fueron derrotaros y desarmados. Además, de esas otras multitudes “sin armas”, que por decenas de miles convocaban y manejaban la ANC y OMNIUM. Había, por lo tanto, precedentes históricos y antecedentes actuales.

Ignoramos si estos “aficionados” al separatismo han leído el famoso libro de Curzio Malaparte (Técnica del Golpe de Estado) publicado en 1931, volumen de cabecera de los pretendientes a dictadores del siglo XX (es posible que Carles Viver, el “cerebro” y Junqueras que tenía que pagar los “gastos” sí lo hayan, al menos, hojeado); Malaparte daba dos observaciones o consejos básicos a los “golpistas”: La primera, elegir bien el momento concentrando las fuerzas en el punto débil del enemigo (algo muy maquiavélico); la segunda es que las élites puedan hacerse con el poder si controlan resortes claves como las comunicaciones (¿TV3, RADIO, PRENSA…?) y/o el Ejército (¿los 17.000 Mossos armados?)

(Foto obtenida de Internet)

Sin más preámbulos vamos a comentar, resumir y dar nuestra opinión jurídica, respecto de las pruebas testificales de esta semana que comienza el martes día 19 de Marzo de 2019, Día del Padre, San José, y por lo tanto la de todos los Pepes, nombre que como se sabe se le aplica al José “padre” de Jesús que al no serlo biológico lo es de tipo putativo (“páter putativos PP”) ¿Quiénes son los padres putativos de la fallida república catalana? Parece ser que los que están en el banquillo reniegan de la concepción “biológica” y se quedan tan “pepes” ¡Todo fue una broma! Como broma también las argucias contables de las empresas UNIPOST, Artyplan, Global Solutions, Marc Martí y Focus, con facturas, contrafacturas, facturas proforma, facturas no pagadas, etc., o el gratis total con el que trabajaban las empresas NothingAD Comunicación, Punt Avui y Focos Media según declararon sus representantes.

Felipe Martínez Rico, “brazo derecho” de Montoro en Cataluña (Foto de Internet)

De la semana anterior había quedado pendiente la declaración como testigo del funcionario de la Generalitat Badal (Departament de Treball) que volvió a aplazarse, y la del que fue subsecretario de Hacienda con el ministro Montoro, FELIPE MARTÍNEZ RICO, quien a las numerosas preguntas de las acusaciones y defensas tan solo pudo responder que el Ministerio no consiguió recabar pruebas de que el gobierno catalán desviara fondos públicos para organizar el referéndum, pero que no descartaba que ocurriera así, explicando que fueron ampliando el seguimiento de las cuentas catalanas con un control exhaustivo desde julio de 2017, aunque descartando que fuera “inexpugnable” ya que era un sistema de certificaciones propias de la intervención, pero no eran la realidad material de los hechos.

Las respuestas de Martínez Rico va en la línea de lo declarado en sudía por el que fuera su jefe (Cristobal Montoro), quien también dio cuenta de los férreos controles pero sugirió que el Govern pudo esquivarlos, lo que dejaría abierta la puerta a un posible delito de malversación. Martínez Rico ha afirmado a preguntas de la Fiscalía que los controles del Ministerio “llegan a donde llegan y tienen los límites que tienen”, por lo que no pueden detectar una contratación irregular. “Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él y quedaría al margen del control”, ha reconocido.

La semana de transición entre el fin del verano y el inicio de la primavera ha tenido de protagonistas a la Guardia Civil, desde un jefe (comandante), varios oficiales (tenientes), algunos suboficiales (brigadas y sargentos), cabos primero y guardias, pertenecientes a unidades especializadas de policía judicial, informática y delitos económicos, propuestos como testigos por el Ministerio Fiscal que como cuestión previa expuso al Tribunal que dichos testigos habían solicitado que sus rostros no fueran grabados por los medios televisivos que retransmiten las sesiones del juicio oral, como medida de seguridad hacia sus personas, dado que continúan en servicio activo; las defensas se opusieron y protestaron pero el Presidente Marchena lo aceptó dado que en la Sala los rostros de los testigos (sus gestos y muecas) podían ser vistos por todos los presentes con lo que se daba el requisito de “publicidad” señalado por la Ley. Sus nombres y apellidos tampoco se revelaron pues se les identificó por sus tarjetas profesionales.

El 20 de Septiembre de 2017 se practicaron unas 40 entradas y registros (en algunas con detenciones) en diferentes domicilios particulares de funcionarios de la Generalitat, así como en sedes del gobierno catalán, diligencias coordinadas a las mismas horas, en las que se cumplían órdenes judiciales (con el pertinente mandamiento) por la Comisión que encabezaba el correspondiente Letrado de la Administración de Justicia (Secretario Judicial) encargado de dar fe y levantar acta; el auxilio de la fuerza pública estaba encomendada a la Guardia Civil.

En el domicilio de Josep Lluis Salvadó i Tenese, donde tardaron unos minutos en abrir la puerta y al hacerlo se dio la excusa de que estaba hablando por teléfono (debía ignorar que lo tenía intervenido), en el que quedó grabado que este ex secretario de la Consejería de Hacienda de la Generalitat le estaba dando órdenes a su secretaria para que entrara en el despacho para que cogiera la pila de papeles que había en la mesa de reuniones y la tirara al patio, contestando ella que estaba allí la Guardia Civil.

Josep Lluis Salvadó: ¡Coge la pila de papeles y tírala al patio! (Foto de Internet)

El testigo ha relatado que en el despacho de Salvadó se incautaron de numerosa documentación, carpetas y archivadores, aunque lo que más llamó su atención fue una carpeta azul en la que se podía leer <“Escenario de guerra y de guerrilla”. En ella, ha explicado, se desglosaban las medidas que podía tomar el Estado español ante la ofensiva independentista. También ha revelado que en una papelera dentro del cuarto de la fotocopiadora encontraron ocho folios rotos que procedieron a reconstruir: se trataba de un documento en el que se hablaba de la noche electoral, el recuento y proclamación formal de la república acompañada de gestos simbólicos, transitoriedad jurídica y proceso constituyente.

Otro guardia civil que intervino en el registro del despacho del antiguo secretario general de la Consejería de Economía de la Generalitat, JOSEP MARÍA JOVÉ i LLADÓ, narró en su declaración como tardaron tres horas, después de finalizar el registro, para poder abandonar las dependencias oficiales, concretamente hasta que no llegaron “refuerzos”, unidades de seguridad de la Guardia Civil, pues la concentración de gente en la calle no inspiraba confianza de que no fuera a pasar algún incidente si salían con los detenidos; incluso, una vez fuera, hubo gente que sentada en el suelo de la calzada impidieron durante quince minutos el paso del vehículo policial en el que trasladaban al señor Jové, autor del famoso documento “Enfocats”, considerado por los investigadores como la hoja de ruta del secesionismo ilegal. Ese agente participó en numerosas operaciones y facilitó múltiples detalles.

Este testigo desveló una de las incógnitas que gravitaba sobre el Tribunal desde el inicio del Juicio: La identidad del “TAL TONI” que la afloró como el funcionario de la Generalitat ANTONIO MOLONS.

Josep María Jové, otro de los “cerebros” del separatismo (Foto de Internet)

El testigo (guardia civil) que intervino en el registro de la empresa UNIPOST explicó que en el despacho de Pablo Raventós, presidente de la empresa, se encontró una empresa manuscrita en la que se identificaban las cinco consejerías entre las que había que repartir los 979.661 euros que costaba la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramientos de cargos en mesas electorales; describió también pagos a observadores internacionales desplazados a Barcelona: un grupo de 12 expertos internacionales bajo la dirección de Helena Catt y otro de unos treinta de observadores de la entidad The Hague Centre for Strategic Studies con sede en la Haya, con honorarios a cargo en su casi totalidad de la Generalitat.

Un sargento de la Guardia Civil encargado del arresto y registro del responsable de Exteriores de la Generalitat XAVIER PUIG i FERRER, dejó cortos cualesquiera otros en que se narraran violencias físicas. Dice que recibieron de la multitud insultos, amenazas de muerte, golpes, forcejeos, lanzamiento de objetos, zarandeo de los vehículos policiales, gente agarrada a los parabrisas, tumbada en el capó e incluso intentos de arrebatarle al detenido; añadió que en sus 25 años de ejercicio profesional en antidroga y crimen organizado en los que intervino en multitud de registro y situaciones de violencia, ninguna fue como aquella, y no se le olvidan las caras de odio de quienes les estaban acosando. Hasta el propio detenido les suplicó que lo sacaran de allí, mientras que la Secretaria Judicial lloraba sufriendo un estado de nervios tremendo.

Otros guardias civiles declaraban los hallazgos de documentos solicitando un préstamo de once mil millones de euros a China para formar la Hacienda catalana y su Seguridad Social, o que habían visto a Carmen Forcadell en la Vía Layetana en actitud de arengar a los manifestantes contra la comitiva secuestrada en la Consellería, y el “trauma” de algunos Letrados de la Administración de Justicia intervinientes en los registros que al salir escoltados ocultaban sus rostros con pasamontañas o pañuelos para no ser reconocidos; y el gasto de 244.000 euros en un viaje de “estudios” de varios funcionarios a Eslovenia para ver como se podía seguir esa “vía” que tanto les gusta.

Finalizado el resumen de las declaraciones de aquellos testigos que depusieron sobre hechos que se pueden incardinar dentro de los delitos “económicos”, con sus detenciones, entradas y registros, tumultos, acosos violentos a las comisiones judiciales y a los agentes de la Guardia Civil que les auxiliaban, el Tribunal empezó a llamar a aquellos otros testigos que intervinieron el día uno de Octubre, cumpliendo una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para impedir la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación-independencia convocado (paradojas de la vida) por el desleal Gobierno de la Generalitat, máximo representante del Estado en esa Comunidad Autónoma.

El “jefe máximo” de Exteriores (Raúl Romeva) que está siendo juzgado (Foto de Internet)

Como quiera que los abogados de los procesados habían estado poniendo “palos en las ruedas” de la buena marcha del juicio con reiteradas protestas sobre la no coincidencia de lo hecho constar por los guardias civiles en sus atestado que obraban en el sumario y lo declarado en la Sala, que les “causaba indefensión” (todos miran enseguida a Estrasburgo), el Presidente Marchena (cada vez, más en su sitio, dominando todos los detalles) les dio una lección de derecho procesal que esperamos no olviden aunque, no obstante, es obvio que continuarán con su labor de “embarrar” el proceso con sus continuas protestas e interrupciones con el propósito de “pescar” algún pez en el caladero internacional.

El Presidente Marchena durante el juicio (Foto de Internet)

Que las defensas están pasando al “ataque” lo pueden ver hasta los ciegos; su línea de defensa-ofensa parece sostenerse en haber asumido de que el Juicio lo tiene perdido y que lo único y mejor que cabe obtener de él es propaganda y la denuncia ante los tribunales europeos de la falta de garantías de la Justicia española… ¡Si han llegado a protestar por la declaración de testigos que no lo hicieron durante la instrucción sumarial! ¿Desconocen esos abogados que desde 1882 Alonso Martínez introdujo esa posibilidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún vigente, que abría la puerta a lo que se llamó “justicia moderna”? ¿No leyeron nunca la célebre Exposición de Motivos de esa Ley de 1882? ¿Y que entre los escollos que tuvo que “torear” Alonso Martínez el principal fue el del “carca” catalán Durán i Bas, que se oponía a esa “modernización”? Lean, lean, señores y aprovechando que están cerca, cultiven un fin de semana para darse una vuelta por Salamanca, cuna de todos los saberes patrios.

Manuel Alonso Martínez, el jurista invocado
por Marchena durante el juicio (Foto de Internet)

Si un cabo de la Guardia Civil relataba como en el registro del domicilio de Antonio Molons (Secretario de Difusión de la Generalitat) metido en un jarrón del salón había encontrado la tarjeta SIM con la que se habían hecho las llamadas anónimas para los encargos de la propaganda electoral, ante un satisfecho fiscal Zaragoza que miraba por encima de las gafas, y el evidente nerviosismo de algunos abogados que interrumpieron hasta en ocho ocasiones el relato del cabo, con los argumentos de lo más peregrinos que pueda uno imaginarse, rechazados por el presidente Marchena, otros agentes afirmaron que vieron entrar y salir a QUIM TORRA de una nave registrada el 20 de Septiembre.

Los diversos agentes de la Guardia Civil que han ido declarando hasta el momento sobre sus intervenciones el uno de Octubre para impedir la celebración de la consulta ilegal (cierre de colegios, retirada de urnas y papeletas) han relatado la resistencia violenta y organizada para impedirles cumplir con la orden judicial que llevaban, los insultos, agresiones, empujones y resistencia activa y pasiva, con una primera “barrera” en ocasiones de gente mayor y niños, y en otras de vallas metálicas o vehículos cruzados en la calzada, todo muy preparado para provocar y exportar un conflicto de violencia achacable a las fuerzas del orden público frente a pacíficos ciudadanos que querían ejercitar un derecho fundamental tan básico como es el de votar, queriendo invertir la legitimidad de quienes en un Estado de Derecho (como el nuestro) ostentan aquellos que cumpliendo las órdenes de sus superiores ejecutan las resoluciones judiciales dictadas por los órganos competentes con las garantías de las leyes que nos hemos dado, por una masa vociferante y violenta que quiere por las “malas” imponer una secesión ilícita.

Quim Torra, el “Burlador de Cataluña” (Foto de Internet)

La prueba practicada hasta ahora (que hemos seguido atentamente) demuestra que fue un plan concertado en el que cada uno ejecutaba su papel. Me parece que está más claro que el agua

Todos los testimonios que hemos mencionado corroboran, según nuestro entender, que se dieron todos los elementos que exige el delito de rebelión que excluye una posible condena (más benigna) por conspiración para la rebelión: Creo que hay actos concretos de ejecución.

Los “pacíficos” votantes del 1 de Octubre (Foto de Internet)

¿Hubo alzamiento? Sí, fue una insurrección generalizada durante un mes.

¿Fue público? Sí.

¿Hubo violencia? Sí. El 20-S y el 1-O fundamentalmente, pero también en otros momentos, porque el concepto que exige este delito no es el de violencia armada. Y, además, se alcanzó el resultado de todas esas acciones típicas del delito: se declaró la independencia y se derogó la Constitución (Aunque la rebelión es un delito de tendencia que no precisa que se alcance el objetivo final, según la doctrina jurisprudencial y científica actual).

El Major Trapero en su extensa y sustanciosa declaración testifical introdujo un elemento (a preguntas del presidente Marchena) que puede en parte ser distorsionador de la contundencia con la que hemos determinado la existencia del delito de rebelión al manifestar de que puso en conocimiento de sus superiores políticos (Puigdemont) que los mandos de los Mossos no compartían la estrategia del Gobern para alcanzar la independencia, ni tan siquiera de seguir esa vía independentista. Estas afirmaciones están corroboradas por los otros mandos policiales que le acompañaban en la reunión donde se produjeron y donde coinciden todos que Puigdemont contestó que “hagan ustedes lo que tengan que hacer”; la otra afirmación de Trapero de que se puso en contacto verbal con el Fiscal Jefe del TSJC (Romero de Tejada, ya fallecido) y con el Presidente Jesús María Barrientos Pacho, poniéndose a disposición de ellos para detener a Puigdemont y a todos los miembros del Gobern si lo ordenaba la Autoridad Judicial, es algo que no podrá ser constatado mientras que el propio señor Barrientos no lo ratifique.

Jesús Mª Barrientos, Presidente del TSJC (Foto de Internet)

Parece obvio poner de relieve de que a Puigdemont le fallaba uno de los elementos que Curzio Malaparte estimaba como básico para el éxito del golpe de Estado, cuando los mandos del Cuerpo de Mossos le dijeron en su cara de que no contara con los 17.000 elementos armados (con su “ejército”) para iniciar la “vía eslovena” que tanto le gustaba (como le continúa gustando a Torra), con esa “guerra corta” de diez días con “solo” un centenar de muertos y medio millar de heridos y una rápida intervención internacional de naciones que desembocó en la independencia ¡Poca sangre para tan sustancioso premio!

Después de haber cometido Puigdemont y su Gobierno el delito de rebelión, y consumado el mismo con la declaración de la república catalana, vio que había fracasado ya que no podía contar de inicio con fuerza armada, como la que sí tuvo Companys en 1934 (los Mossos), de ahí que a partir de aquel 27 de Octubre de 2017 tomara las de “Villadiego” en el maletero de aquel coche camuflado para no ser detenido por la policía española o incluso por sus propios “Mossos” si es que en las afirmaciones de Trapero hay algo de verdad y a él le llegó alguna confidencia al respecto.