La izquierda ya controla totalmente el Poder Judicial

 El Gobierno (Sánchez) y la oposición del PP en un
reparto de “cromos” avalado por el Poder Legislativo
representado por la presidenta del Congreso.

Pese a que la Constitución Española de 1978 en su artículo 122, apartado 3, determina que el Consejo del Poder Judicial, de sus veinte miembros, doce deberían ser nombrados entre (implícitamente “por”) los propios Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y los restantes ocho miembros (la minoría) el nombramiento lo debe llevar a cabo a propuesta del Congreso y del Senado entre abogados y otros juristas de “reconocido prestigio” (hay “dos formas de nombramiento”; esa es la correcta interpretación del precepto), al ganar el PSOE las elecciones generales de Octubre de 1982 con aquellos 202 Diputados que, por lo visto, creyó lo catapultaba al poder “para siempre” (a semejanza del Reich de los 1.000 años de Hitler) al promulgarse bajo su égida mayoritaria la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 varió las reglas de juego para permitir que los veinte vocales fueran nombrados por el Parlamento, con lo que de facto se “politizaban” los nombramientos, se hurtaba a los profesionales Jueces la posibilidad de nombrar a sus representantes por sus méritos jurídicos y no por sus padrinos de los Partidos; la medida fue avalada por el “domesticado” Tribunal Constitucional en una sentencia tan polémica como histórica, aquella por la que Alfonso Guerra decretó la “muerte de Montesquieu” y el Tercer Poder del Estado pasó a ser un “mediopensionista” del Ejecutivo y Legislativo desde los que salían las directrices para los nombramientos más importantes en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y en otros puestos y cargos de relevancia.

Con ese trascendente paso y el rebajar la edad de jubilación de los Magistrados del Tribunal Supremo de los 75 a los 70 años de forma forzosa se hizo una criba fenomenal de los mejores Magistrados por su larga experiencia y formación (tildados de conservadores y/o derechista) y sustituidos por ”imberbes” cuyo único mérito (en la mayoría de los casos) había sido el de politiquear en los primeros años setenta del pasado siglo formando la minoritaria y “progresista” Jueces para la Democracia, trabajar lo “imprescindible” en las horas que les quedaban libres tras sus múltiples reuniones más o menos discretas… Conozco varios casos personales (con nombres, apellidos y cargos) de lo que digo ya que casi todo se amasó y horneó en Barcelona donde yo estaba destinado entonces dentro de los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia.

Entonces e incluso ahora (lo acabo de leer en ABC) se justificaba en que “la Justicia emana del Pueblo” (artículo 117 CE) y si las Cortes Generales representan al Pueblo Español (artículo 66), era lógico, adecuado y legítimo que el Parlamento designara a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, en el que quedara plasmada la pluralidad de los partidos políticos allí representados con olvido (voluntario) de que la función principal del Consejo es la gestión de la administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial, que al politizarse por sometimiento a los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) pierde su independencia frente a los mismos.

Aunque en principio Alianza Popular puso el grito en el cielo ante el desvío de la pretensión de los padres de la Constitución para conseguir que el Poder Judicial fuera realmente independiente con el nombramiento de la mayoría por los propios jueces y no por el Parlamento, cuando llegó al poder (con las siglas de “Partido Popular”) le fue bien el cambalache para “meter a los suyos” en escena, y como en el “tintero” de los amaños mojaron sus plumas PNV y CIU, todos contentos. Y los Jueces de “infantería”, a trabajar honestamente, a poner sus conocimientos y dedicación en la tarea de administrar justicia a los ciudadanos que acuden a ellos, mientras que sus compañeros “de talante político” medran en destinos privilegiados dentro de la Magistratura o fuera de ella (aquello de las puertas giratorias y los intereses creados). Gracias a esos miles de jueces que no se han “contaminado” políticamente, la JUSTICIA ha sido hasta este momento el último bastión del Estado de Derecho… De ahí el empeño de la Izquierda para desprestigiarla y ahora “desmantelarla” mediante unas torticeras y burdas maniobras admitidas por el PP, aplaudidas por separatistas y PODEMOS (si le gusta a Iglesias, ¡¡malo, muy malo para España!!) que están preparando el escenario de un juicio “blando” en el que incluso se pueda rogar al Gobierno la aplicación de indultos o amnistías, dirigido por un magistrado que ya no será el señor MARCHENA (no olvidemos que presidió el tribunal que condenó a Francesc Homs por el 9-N), aupado a la Presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo, señuelo con el que se ha variado a los componentes del tribunal que debe dictar sentencia en el sumario contra los delincuentes catalanes.

Todos los partidos políticos e incluso las asociaciones de jueces han aceptado expresa o tácitamente el “mercadeo” de los nombramientos. Solo Albert Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un "supermercado", ha mantenido la dignidad democrática, exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la Justicia.

Como último apunte: Si de verdad se quisiera por los partidos políticos españoles una Justicia independiente (cosa que dudo mucho) y se reitera el fundamente de que la Justicia emana del pueblo como dice la Constitución, sería conveniente mirar lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde los jueces son elegidos por el pueblo… Yo me conformaría con que la elección por sufragio popular lo fuera para los miembros del Tribunal Constitucional por un plazo no inferior a 15 años y que el artículo 122-3 de la Constitución se cumpliera conforme al “espíritu” que contiene, para que los propios jueces nombraran a los miembros del Consejo del Poder Judicial impidiendo que en esos nombramientos metan la “cuchara” los partidos políticos y que la independencia del Tercer Poder del Estado fuera real y efectiva.

Los enemigos de España (pese a llenarse la boca de “democracia”) no consentirán que eso ocurra, pues no conviene a sus intereses. Incluso no estarán a favor los que se denominan constitucionalistas ya que se les esfumarían los chollos y prebendas actuales. Y los separatistas vascos, catalanes e híbridos, sostendrán a socialistas-comunistas (como pide Artur Mas) pues sus aspiraciones tienen posibilidades con el Gobierno actual, algo que sería imposible con una coalición de populares y ciudadanos.