Al borde del abismo

Rodríguez Zapatero y su amigo Maduro (Foto de Internet)

Hace unos meses escribía en esta misma Web una pregunta recurrente ¿Qué quería ser España de “mayor”? La respuesta, mientras no se quiera dar voz a la ciudadanía en unas elecciones o referéndum nacional para que se pronuncien sobre tan trascendental tema, la van formulando expresa o tácitamente nuestros gobernantes. En estos últimos años, Rodríguez Zapatero dijo aquello de que “España era una Nación de Naciones” y que el concepto de “Nación española, era discutido y discutible”. Además nos endosó una Ley de Memoria Histórica que enervó los fantasmas de la Guerra Civil que estaban tan asumidos y olvidados por las generaciones que no participaron en aquella horrible contienda civil.

El sucesor del “zapaterismo”, Don Mariano Rajoy, que incluso con una excelente mayoría absoluta en el Parlamento (Congreso y Senado), se contagió del “buenismo de vía estrecha” de su antecesor, dejó las cosas “como estaban”, pese a la sangría que para la continuidad de España como Nación significaba la pervivencia de leyes nefastas, actitudes separatistas embrionarias (pero en vía de desarrollo) que con la aplicación del artículo 19 del Código Penal podían haber sido abortadas a tiempo y, sobre todo, dando una muestra diaria de debilidad, de “cobardía institucional”, de presidir un Gobierno acomplejado por ser de Derechas (según se dice), lastrado por la conducta corrupta de un número no despreciable de sus dirigentes enriquecidos con “mordidas” de las que dejaban una parte para las arcas del Partido, “asignatura” aprendida (con buenas notas) del PSOE de Don Felipe, aquella FILESA con sus cabecillas Sala, Navarro, Oliveró, Flores, Aida Álvarez, etc., de tanta o mayor enjundia que el caso GURTEL por el que ha quedado “tocado” tan seriamente el PP. Se perdió la oportunidad de enderezar el rumbo de la Nave despreciando el antiguo refrán de que “las ocasiones las pintan calvas” y al Gobierno se le cayó el pelo.

FILESA del PSOE, la “madre” de todas las corrupciones posteriores.

De aquellos “polvos políticos” (no eróticos) vienen estos lodos, más bien lodazales, en los que se halla metida España de la mano del PSOE, PODEMOS, los diversos partidos separatistas e incluso de los voceros de la ETA derrotada policialmente pero no erradicada de la sociedad vasca, alentada siempre por la complicidad del PNV y sus tocayos navarros. Este enfangamiento, el viernes 2 de Noviembre ha culminado con la fractura del Estado al colisionar (no son discrepancias, es un conflicto de órdago) dos Órganos clave para el funcionamiento armónico de las estructuras nacionales, cuando uno de ellos (la Fiscalía General del Reino) no se ha plegado a las presiones y exigencias del Gobierno Sánchez y el otro (la Abogacía General) si lo ha hecho, aunque no con la intensidad que pretenden los separatistas catanes que exigen una y otra vez la retirada de las acusaciones contra sus militantes separatistas, su excarcelamiento inmediato y absolución por unos hechos acaecidos (más bien culminados pues venían germinando desde hacía varios años) en Septiembre-Octubre del pasado año, con el engañabobos (y de bobos hay abundancia) de que “poner urnas y votar” es democrático, con el falaz olvido de que para tal actividad es necesario actuar dentro de la Ley (convocatoria y desarrollo de las votaciones) y que el contenido de lo que se tiene que votar esté dentro de la Constitución y demás leyes vigentes, pues es obvio que no se puede convocar un referéndum para “impedir el ejercicio de derechos a los negros”, “negar la entrada en Cataluña a los nacidos en Madrid” o “separar un pueblo, una ciudad o una Comunidad Autónoma del resto de España” (a modo de ejemplo) ya que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Las dos ministras-petardas dando explicaciones tras el Consejo de Ministros es de un patetismo supino, fue la guinda del pasteleo que, a mi entender, todavía no ha sido introducido en el “horno de los horrores” al que nos llevan para un futuro próximo (el juicio oral).

 María José Segarra, la Fiscal General que no se ha doblegado ante el Gobierno (Foto de Internet)

Lo sucedido ayer, la dicotomía entre las calificaciones de Fiscalía (rebelión) y Abogacía del Estado (sedición), así como en la contundencia de las penas que previsiblemente se pedirán para la condena, es la mayor brecha que se podía hacer (y es de suponer, que hay premeditación y alevosía) a España. Tan profunda e irremediable que por ahí, sin que Don Pedro haya reconducido “por las buenas” la rebelión continua de los políticos catalanes que ostentan el poder (no el pueblo de Cataluña en su totalidad, como postulan estos delincuentes) se puede esfumar el “alma” de la Nación española a la que pondrán en la picota en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde irá a parar la Sentencia que dicte el Tribunal Supremo (si este último Poder que mantiene nuestra dignidad no acaba siendo laminado), sentencia que en el supuesto de ser condenatoria por rebelión no podrá defenderla el Estado español pues los encargados de ello (la Abogacía del Estado) han desistido de protegerla Que los actuales encarcelados se mantengan firmes en sus privilegiadas celdas (sin pedir indultos) y los “republicanos” huidos continúen viviendo “regiamente” (¿Quién paga las facturas?) depende que Cataluña obtenga el respaldo internacional necesario para independizarse de España. Es cuestión de tiempo y el tiempo juega a favor de los separatistas, al mismo ritmo que se deteriora la firmeza de la Unión Europea, cuyas grietas en diversas materias (la judicial, entre otras) son cada vez más evidentes.

El Jefe Penal de la Abogacía del Estado (Edmundo Bal) que no ha firmado el escrito de
calificación provisional en el sumario del “procés” (Foto de Internet)

Al borde del abismo estamos; si caemos ya no habrá remedio. Hay que retroceder, tenemos que adoptar medidas que nos alejen de ese viaje sin retorno. Debemos acudir a aquella figura griega denominada TIRANICIDIO, cuyo significado es “darle muerte al tirano”, es decir, al gobernante o dirigente que ha dejado su rol de líder y protector de sus gobernados y que se ha convertido en déspota y criminal. Y no estoy propugnado la “muerte física” del Presidente (y su vicepresidente Iglesias) sino su “muerte política”, su remoción del cargo que ocupa mediante la aplicación inmediata de los artículos 8 y 62 h) de la Constitución, bajo la batuta del Jefe del Estado (el Rey), para someter a los españoles a un Referéndum nacional por el que se despeje la incógnita de que queremos para nuestro futuro: Una España Unida o Dividida, Autonomías sí o no, Monarquía o República, ilegalización o no de partidos políticos separatistas, leyes de Memoria Histórica o Leyes de concordia y olvido de un pasado “negro” para todos, erradicación de marxismo y fascismo en el postulado de los Partidos, etc. Solo así podremos tener la seguridad de lo que quiere ser nuestra Patria “cuando sea mayor”. Y que se elabore una nueva Constitución que nos sirva para otros cincuenta años de paz y prosperidad. Y el que no esté de acuerdo con los resultados, que los respete o haga las maletas y se vaya con viento fresco.

Felipe VI, Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas (foto de Internet)

Lo que está pasando no es cosa de broma ni de posturas partidistas de quien es más bueno o más malo en el panorama político. La inercia del camino emprendido por Pedro Sánchez y su actual PSOE al que lleva de la brida PODEMOS nos conduce al abismo, como he venido diciendo. No lo van a parar los discursos del PP, CIUDADANOS o VOX. Solo es posible frenarlo y revertir la trayectoria la enérgica y constitucional intervención del Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas… Lo que no puedo decir (parodiando a Sabino el 23F) SI ESTÁ O SE LE ESPERA.

Cierto que ese "golpe de timón" militar encabezado por el Jefe del Estado actual (el del 23F no lo quiso asumir su padre Juan Carlos I) no puede ampararse expresamente en la Constitución toda vez que el Estado de Sitio, que sería el conveniente a aplicar (artículo 116-4), requiere ser propuesto por el Gobierno y refrendado por la mayoría absoluta del Congreso; pero ante situaciones extraordinarias deben tomarse medidas excepcionales. Hay que calibrar si el bien jurídico protegido (España) es superior al bien jurídico presuntamente trasgredido (la Constitución). Alguna salida legal debe tener ese mandato del artículo 8, esa misión de las Fuerzas Armadas de defender la integridad territorial, que no aclara si es ante agresiones exteriores o interiores. Qué hay “agresión” no me cabe la menor duda.

Sabino Fernández Campo, despachando con Juan Carlos I.