Por encima de la ley no está la democracia

No obstante, el Parlamento catalán y TV3, incumplen las leyes democráticas apelando a la “democracia” pero llamando a la desobediencia “pacifica”.
Y con Puigdemont en una cárcel alemana, se acabó el “gobierno en el exilio” y se demuestra que la justicia no es una broma y que los poderes ejecutivo y legislativo son los culpables de que hayamos llegado a esta situación.

España, como Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania, EEUU, Italia, Dinamarca, Suecia, etc., es una vieja Nación, una antigua realidad nacional que desde los separatismos periféricos (Vasco y Catalán) llevan años y años tildándola de “casposa”, “retrograda”, “intolerante”, “corrupta” y otros epítetos por el estilo, que a su entender son lo suficientemente importantes como para querer separarse de ella, independizarse, usar el “derecho a decidir”, para constituirse en repúblicas modernas y progresistas. Dicen querer ser ciudadanos y no súbditos de una monarquía (los de Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega o Luxemburgo ¿dicen lo mismo?) Hemos de suponer que los Estados de nuestro contorno geográfico y/o político deben tener también los mismos “defectos” que se le atribuyen a España por ser “antiguas” y contar (como nosotros) con Leyes Democráticas (Constitución, Código Penal, Código Civil, Normas procesales, Derecho Administrativo, Seguridad Social, etc.) y también elecciones libres y secretas, acceso al divorcio (ahora incluso “exprés”), matrimonio homosexual, aborto a la carta y, mal que pese, hay una división de poderes efectiva y el cumplimiento de las leyes vigentes es nuestra auténtica Democracia (la independencia del Poder Judicial la avala el Magistrado Llerena que me recuerda al juez Sirica, instructor del caso Watergate, que aguantó todas las tarascadas hasta demostrar que el robo en la oficina electoral demócrata había sido tramado en la Casa Blanca, lo que obligó a dimitir a Nixon por no haber respetado las normas)

Nuestro Estado está reconocido por la ONUI, es miembro de la UE, participa en todo tipo de foros internacionales. Diríamos que nos hallamos dentro de un orden mundial en el que somos aceptados (y que aceptamos) que por ahora desea subsistir por no tener recambio que lo pueda mejorar. Así se han manifestado, de forma contundente, todos los estados “serios” ante la crisis catalana.

No obstante la premisa de “legalidad” en la que se apoya todo nuestro sistema jurídico, ha comparecido ante la TV el presidente del Parlament, Roger Torrent, en el auditorio de la cámara catalana para leer una declaración institucional en defensa de los derechos civiles y políticos para denunciar la “gravedad” de la situación política y democrática, y el “proceso de involución democrática sin precedentes” que a su juicio tiene lugar en Catalunya como consecuencia de las últimas decisiones judiciales adoptadas en la causa del 1-O.

Pero el dirigente parlamentario también ha emplazado a los demócratas del mundo a acudir en defensa de la “represión” que sufren los independentistas, y en el seno de Catalunya, a hacer “un frente unitario en la defensa de la democracia”.
Por otro lado (pero en la misma “dirección”) en el programa emitido por TV3, titulado “TOT ES MOU” (todo se mueve) se llama a la insurrección catalana y a parar el país (pacíficamente: ¡cógeme esa mosca por el rabo!), por la “tontiloca” de Pilar Rahola, tras haber sido enviados a prisión cinco de los golpistas que aún andaban sueltos, acto jurídico fundamentado que esa energúmena (y los otros componentes de la “tertulia” bajo la dirección de Elena García Melero) califican de “brutalidad del Estado”.

Este batiburrillo catalán viene incentivado por el niñato Iñigo Errejón que se dice licenciado en Ciencias Políticas, cuando hace pocas semanas afirmaba que por encima de la Ley está la Democracia (en Cataluña), lo que es una insensatatez jurídica a la vez que demuestra no tener claros una serie de puntos en la relación LEY-LEGISLACIÓN-DEMOCRACIA que ya desde Platón se planteaba como una pregunta que ha condicionado a toda la Ciencia Jurídica ¿Qué queremos, un gobierno de las leyes o un gobierno de los hombres?

En el caso de los Estados de Derecho liberal-democráticos, ese gravísimo problema siempre se ha afrontado con la máxima del respeto estricto a la legalidad, tanto en su vertiente material como procesal. Primero, porque el Estado de Derecho es aquel que permite la reforma y reemplazo de la ley por cauces previsoramente estipulados y racionalmente acordados (y, en el caso de la Constitución de 1978 sin que haya límite alguno a su revisión formal o material porque carece de “cláusulas de intangibilidad”, al contrario que muchas otras europeas). Y, segundo, porque roto el principio de legalidad, no se abren las puertas del Paraíso, sino que se puede caer en el más oscuro de los Infiernos, como la experiencia histórica, lejana y reciente, ha demostrado.

Por tanto, la virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley (democrática) por razones superiores a la propia ley (democrática). No sólo porque es un principio cívico democrático asumir siempre el imperio de la ley positiva. Sino porque el sueño de la razón justiciera produce monstruos reales y no sólo Edenes imaginados.

Lo que se está intentando llevar a cabo en Cataluña por nacionalistas de derechas e izquierdas, para el logro de sus delirios secesionistas, lo ha puesto de relieve con toda claridad Antonio Baños, actual líder de los antisistema-anticapitalistas de la CUP en una reciente entrevista radiofónica en la cadena Onda Cero explicó su posición secesionista con una razón suprema recurrente en los últimos tiempos en el debate político catalán: “Nosotros lo que queremos es trascender una legalidad para crear otra legalidad. (…) Como nación soberana, lo trascendemos creando la legalidad catalana”. Una afirmación que plantea la reconsideración de varios supuestos implícitos de orden histórico-jurídico (y cívico) que están en el núcleo de esa justificación de ruptura legal “democrática”.

Esa legalidad que se quiere romper es la contemplada por la vigente Constitución de 1978 que en el referéndum del 6 de Diciembre fue aprobada por los catalanes con un porcentaje del 90,46 % de los votos, sobre una participación del 67,9 % del Censo (me parece que la mayor de todas las elecciones catalanas).

Si a mayor abundamiento está más que claro que el esgrimido derecho a decidir no es tal derecho sino un mero invento de esta gente, ya que no existe norma alguna de Derecho objetivo (ni internacional ni nacional) que lo reconozca, la exigencia de un referéndum para separarse (Cataluña) de España no puede ser una exigencia de la Democracia (ya lo dejó claro el TC), pese a su retorcimiento de que “ellos” no están vinculados por la Constitución y las leyes vigentes en España, y al rechazar la división de poderes han pretendido (¿todavía lo pretenderán?) sustraer las normas emanadas del Parlamento y Gobierno catalanes, lo que hacen es efectuar un ataque masivo contra la democracia ya que las naciones democráticas –en todas- no existe más democracia que la democracia del Estado democrático de Derecho.

A la razón, al sentido común y a los razonamientos jurídicos, estos ilusos que juegan con fuego que puede llevarnos a un enfrentamiento que supere la dialéctica y los procesos judiciales, contestan (revolucionariamente) diciendo que “la ley no es más que una herramienta. La democracia es el único valor sustancial en la organización de la sociedad. Y no hay España ni ejército ni otra forma de coerción que pueda detener a un pueblo consciente de su destino. La primera mentira del Estado es cuando nos dice, con desprecio, que solo somos soñadores.

¡Es toda una declaración de guerra!

Lo de la detención y prisión en Alemania del golpista Puigdemont y su presumible traslado a España en un plazo no demasiado largo, para acompañar a sus “amiguetes” de aventuras (secesionistas) y ser juzgado por el delito de rebelión en calidad de cabecilla, cercena su pretensión de mantener un “gobierno en el exilio”, paralelo al que un día u otro debe nombrarse en Barcelona. Es obvio que el “procés” ha finalizado y que, incluso, han sido retirados los “decorados” en los que se ha movido. Como ha dicho Rivera “el último en salir, que apague la luz”.

La Justicia no es una broma y no entiende de “políticas”: Quien comete un delito debe responder por sus actos. Lo que sí ha sido una broma (pesada) es la actuación de los otros poderes del Estado: El Ejecutivo y el Legislativo, por el lastre de la política no han sabido cortar por lo sano el cáncer que se ha desarrollado en Cataluña en los tres últimos años… Ellos con los culpables de la situación actual.