El caso de las "astillas"

Sin remontarme a los precedentes políticos que el PSOE había lanzado tras su triunfo en las urnas en 1982 (los 202 diputados) que le dieron una mayoría más absoluta y que Alfonso Guerra calificó con aquella frase de que "iban a dejar a España de tal forma que no la conocería ni la madre que la parió", para calmar la curiosidad de mi amigo personal César Beltrá ("enemigo ideológico") voy a contar un caso profesional sostenido ante el Tribunal Supremo, que tiene cierto paralelismo con las resoluciones del Magistrado Llarena que diversas voces estiman como contrarias a Derecho por laminar derechos civiles y políticos de los diputados catalanes encarcelados (o huidos).

A mediados de los años 80, con el firme propósito de erradicar la corrupción de algunos funcionarios intermedios de la Administración de Justicia, y la corruptela de un número más numeroso de ellos, propiciada por abogados, procuradores y compañías de seguros, uno de esos funcionarios fue separado del servicio (perdió su condición de funcionario, fue "echado a la calle") en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia adoptada en Consejo de Ministros.

Me encargó su defensa ante el Alto Tribunal y al leer el expediente administrativo me di cuenta enseguida de que las afirmaciones que de su conducta se hacían carecían de prueba documental que las acreditara (se le achacaba poseer un apartamento de lujo en la costa brava, de un yate, de favorecer a determinados personajes locales cuando tenían pleitos en el Juzgado donde estaba destinado, etc.) No hubo más remedio que suplir esa falta de prueba (algo insólito, el mundo al revés): el apartamento de lujo era uno de 40 metros cuadrados de escaso valor, comprado con pagos mensuales ya que no pagaba alquiler en la vivienda del Ministerio que tenía asignada en el edificio del Juzgado, el yate era un bote para la pesca, le había tocado dos veces el gordo de navidad en Vic, en papeletas que repartía el Casino de Excombatientes (franquismo puro y duro).

Propuse que declararan como testigos dos de los Jueces que habían sido sus superiores (uno de ellos, que ya había dejado la judicatura y ejercía como notario, dio una versión muy favorable; el otro -últimamente ha sido alcalde de Zaragoza- que estaba de presidente de la Audiencia de Bilbao me dijo que enviaría su declaración por escrito al Tribunal, no lo hizo). Para resumir: quedé pendiente de la resolución que me parecía tenía que ser favorable ya que se había rebatido con pruebas objetivas las imputaciones.

Como bien se sabe que las "cosas de palacio, andan despacio", fueron pasando varios meses sin obtener respuesta. En uno de los muchas visitas que desde Barcelona hacía a Madrid para ocuparme de los asuntos que allí llevaba, me pasé por la Secretaría de la Sección del Supremo donde estaba la causa. y, al dejarme la funcionaria  echar un vistazo al expediente, me di de bruces con que el Tribunal haciendo uso de la facultad que el ahora derogado artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (lo que se llamaba para mejor proveer), había efectuado una "contra prueba" de carácter meramente testifical, de abogados adscritos al nacionalismo o comunismo de Vic (había choque ideológico, sin duda) y estaba pendiente de resolución. Fue contraria a nuestra petición.

Como entonces yo tenía una gran relación (incluso amistosa) con un magistrado del Tribunal Supremo, que ostentaba el cargo de Inspector Centrl de Tribunales (puesto a adedo por el PSOE), me fui a hablar con él tras el fallo contrario del Tribunal. Me atendió amistosa y cordialmente pero me dijo que sí, que tenía razón, pero que se habían propuesto erradicar aquellas corrupciones y/o corruptelas y los funcionarios que habían caído en la redada iban a ser (con sus condenas) el ejemplo para los que quedaran en activo y se habían salvado de la quema.

El paralelismo (modestamente hablando) puede estar en que la última razón del Derecho debe ser la Justicia, no solo entendida para un caso individual, sino para toda la colectividad, y el "escarmiento" de los políticos que se han saltado la ley puede servir para que otros no lo hagan.

De lo que puedo dar fe es que las llamadas "astillas" desaparecieron tras aquella "purga" avalada por el Tribunal Supremo.