Audiencia pública (1)

Los procesados en el “banquillo” (Foto de Internet)

Los milagros represen-tados por los avances tecnoló-gicos nos han permitido ver y oír el inicio del Juicio Oral a los procesados por haber cometido (presuntamente) los delitos de rebelión, sedición y malversa-ción de caudales públicos según las acusaciones de Fiscalía, Abogacía del Estado y el Partido Político VOX. También nos ha sido posible contemplar a esos procesados sentados en el “banquillo” de los acusados, bien trajeados, con buen aspecto físico y talante que definiría entre sereno y desafiante (chulesco) en determinados momentos; asimismo hemos podido comprobar que Torra y Junqueras no son los mejores amigos del mundo, ni mucho menos.

Mi primera impresión ante los alegatos de los diversos abogados de las defensas en la fase de las “cuestiones previas procesales” es que están coordinados, unos hacen de policías buenos y otros de policías malos. Pese a ser diversos Letrados que parece van por libre, en realidad tienen un frente común que será la base, la columna vertebral de sus intervenciones: Llevar a la opinión pública catalana e internacional de que el juicio es “político”; que no existe delito alguno; que Cataluña tiene el derecho democrático a la autodeterminación; que hay falta de garantías procesales y que a los procesados se les han hurtado sus derechos fundamentales de nuestra Constitución y los derechos humanos básicos. Como no es conveniente meter “todos los huevos en la misma cesta”, otros abogados han esgrimido excepciones de carácter procesal, reiterando sus peticiones (que les fueron denegadas anteriormente) de impugnación-recusación de cuatro de los jueces del Tribunal (Marchena, Martínez, Berdugo y Varela) al estar “contaminados” por su habitual colaboración con el Juez Instructor Llarena; o la muy interesante del defensor del conseller Forn, que dirigía políticamente a la Policía Autonómica, al exigir que no sea juzgado por el T.S. sino por la Audiencia Nacional en donde se juzgara a su subordinado Trapero, para evitar que por unos mismos hechos (las actuaciones “rebeldes” de los Mossos) pudieran darse dos sentencias contradictorias. También se ha insistido en la vulneración del derecho de defensa por el rechazo de determinadas pruebas, entre ellas la testifical del rey Felipe VI y en determinados momentos se ha traído a colación explícitamente la vulneración del derecho a la “presunción de inocencia”.

Los siete magistrados del Supremo que juzgan a los procesados (Foto de Internet)

Estas cuestiones son las que técnicamente pueden llevar: en primer lugar, a la suspensión del juicio por la cuestión prejudicial de la vulneración de la presunción de inocencia de los acusados, que se plantearía ante el Tribunal de Estrasburgo; y (superado este escollo) a la anulación del Juicio por dicho Tribunal al que miran de reojo todos ya que la sentencia que en su día se dicte puede ser revisada por dicho organismo judicial, respecto a la conculcación de los derechos humanos. Por lo tanto, nuestro T.S. va a poner todo su celo en que las garantías procesales rebosen durante las largas sesiones que nos esperan en los próximos meses.

Sede del Tribunal de Derechos Humanos Europeo (Foto de Internet)

El Tribunal Supremo debe ser muy escrupuloso (no tenemos duda de que así será) en la pureza de la aplicación de los ritos procesales. No me extrañaría que, incluso, pudiera llevarle a modificar el “banquillo” de los procesados para permitirles estar cerca de sus abogados, de tal forma que pudieran intercambiar opiniones sobre el desarrollo del juicio, conforme se hace en otros países de nuestro entorno (conozco el caso de Francia) y todos lo vemos en las películas americanas, lo que parece un plus en ese derecho sagrado de defensa, no sea cosa que en el futuro se pueda atacar por ese flanco la sentencia futura.

La cuestión “política”, la “internacionalización” del proceso, es el plato fuerte para los separatistas (no son independistas pues Cataluña no depende de España, sino que desde hace siglos forma parte de la misma, de la que ahora quiere –sus dirigentes– separarse). Seguramente que deben haber leído el ¡Yo acuso!, aquella carta que Emilio Zola escribió al presidente de la República francesa denunciando el “juicio injusto” en el que fue condenado el capitán alsaciano (y judío) Alfred Dreyfus, que entre 1898 y 1904 hizo tambalear al estado francés. Lo digo ya que en ese terreno (el político) han iniciado un feroz ataque hacia España como Nación y Estado, acusándola y acosándola al perseguir y encarcelar a honorables personas por sus ideas políticas, por los planteamientos, discusiones y resoluciones del Parlamento catalán… Pretenden que quede claramente fijado “un antes y un después” ante la comunidad internacional, de mayor contenido al doméstico que consiguieron tras el “leve afeitado” del Estatut de 2010, y que en clave interna eleve el número de separatistas allá por el setenta por ciento, a la vez que las instituciones comunitarias europeas puedan tener una base sólida para escuchar el “clamor” catalán.

Los Fiscales Zaragoza y Cadena (Foto de Internet)

La Fiscalía, por boca de ambos representantes del ministerio público que se sientan en la Sala, de forma brillante, serena y muy técnica, ha expuesto sus argumentos procesales rebatiendo aquellos esgrimidos por las defensas y, en cuanto a la “tormenta política” que pretenden desencadenar, han dejado claro con argumentos contundentes que hubo violencia, que se dio un “golpe de Estado” o si se quiere matizar un “golpe CONTRA el Estado”, Estado al que se pretende sentar en el banquillo de los acusados y juzgarlo por haber cumplido con las obligaciones que la Carta Magna le exige para que no se quiebre el orden constitucional. Ha censurado a los procesados de no haber tenido la valentía de que hizo gala Ibarretxe al llevar su proyecto separatista al Congreso de los Diputados (sede de la soberanía nacional) e irse por la vía unilateral y les ha advertido de que parten de la falsa premisa de que Cataluña tiene un derecho de autodeterminación no contemplado en las leyes nacionales o internacionales, y que naciones como Alemania e Italia negaron a Baviera y Véneto cuando la plantearon, igual que hizo España respecto de los vascos.

La abogacía del Estado ha tenido una intervención muy técnica (nos ha parecido que iba de “puntillas” por aquello de haber cambiado la calificación de rebeldía por la de sedición) y defendido a la alta funcionaria del Estado que en una entrevista por la BBC (en inglés) tildó a los procesados de “convictos”; aquí ha hecho hincapié sobre el hecho de que los hoy sentados en el banquillo hayan pedido expresarse en su lengua materna (el catalán) para no “meter la pata”, así hay que ver esa “metedura de pata” de la funcionaria debido a expresarse en una lengua que no era la suya.

Los Letrados de VOX, acusación popular (Foto de Internet)

Al Letrado de VOX le hemos visto (es nuestro parecer) con un perfil bajo; se ha dedicado a rebatir los argumentos procesales invocados por las defensas; ha reiterado su petición de que se juzgue a los acusados por el delito de organización criminal que ya pidió en su día y que de forma expresa no le ha sido denegado, y al entrar en el terreno de lo “político” suplicando al Tribunal que ordenara a Jordi Sánchez quitarse el lazo amarillo que llevaba en la solapa, ha sido respondido inmediatamente que no se podía hacer tal cosa porque tenía él (y todos sus compañeros) derecho a mostrar en público talo signo, según jurisprudencia de los tribunales europeos (ya henos dicho que en esos elementos “adjetivos” del proceso el T.S. se la iba a coger con papel de fumar). Auguramos la adquisición masiva de “librillos de papel de fumar” por el Tribunal.