El Estatut anulado parcialmente por el TC por inconstitucional

LO PROMETIDO ES DEUDA (le recuerdan PODEMOS y los SEPARATISTAS a Pedro Sánchez, que está en la postura que conocemos como ¡¡Santa Rita, Rita, lo que se da no se quinta!!)

El comunista-burgués Pablo Iglesias
(foto de Internet)

Pablo Iglesias (PODEMOS) tiene ya en su zurrón una parte de lo que exigió (y le prometieron dar): los telediarios de TV para emitir las noticias que interesan y omitir las que no; desenterrar el cadáver de Franco; poner en almoneda el destino del monumento del Valle de los Caídos y ampliar la Ley de Memoria Histórica (más bien HISTÉRICA) con la que poder enchiquerar a los “nostálgicos” de cuarenta años de paz y otros cuarenta de progreso social y económico, tras aquella Transición que se quiere “matar” (¿La meterán en la tumba vacía de Franco?) Le faltan algunos “flecos” como quitar la medalla pensionada a “Billy el Niño”, algo insólito pues le fue concedida en 1977 y no entra en la “Memoria”, mientras que sus presuntas torturas durante la época franquista se hallan amnistiadas totalmente por la Ley Orgánica de 16 de octubre de 1977, por la que también quedaron exonerados de sus delitos de sangre Santiago Carrillo y oros pájaros de idéntico plumaje.

Derogar esa Ley solo en lo relativo a que los de un bando (el nacional-franquista) cometieron delitos que por su índole no prescriben, quedaría un “poco feo”, jurídicamente hablando, pues una presunta “manta de hostias” del policía (y otras perrerías) no son comparables a los diez mil cadáveres de Paracuellos (mujeres y niños incluidos). ¡¡Se hizo borrón y cuenta nueva, señores Pedro y Pablo, aunque les duela!! Otro fleco (en camino de domesticarse) es el techo de gasto y la eliminación del veto del Senado, en el que tiene mayoría absoluta “el enemigo” de la Derecha, para la aprobación de los Presupuestos de 2019, aunque el “primer pinchazo” parece haber dado en “hueso” pues la Mesa del Congreso dominada por PP y CS han dicho que nones a la tramitación de “urgencia y por lectura única”. De presos, rebelión, desacato, juicio a celebrar y lazos amarillos, hablaremos después.

El Gobierno del PNV con su “Traidotari” a la cabeza (Foto de Internet)

Los separatistas

El PNV no hace ruido, no sale en los telediarios diciendo lo que está haciendo, pero “hace” muchas cosas. Ya tiene a sus queridos presos, sus “gudaris”, aquellos que sacudían los árboles (ETA, asesinando) para que ellos recogieran los frutos (celebre y jesuistica frase de Arzallus). Van elaborando artículo a artículo su nuevo Estatuto que por lo que se va filtrando se trata de una “Constitución” para un “Estado nuevo” distinto y al margen del estado español. Llevan, estos separatistas de boina, adelantadas las conversaciones para que se le transfieran ya las competencias de las prisiones vascas, en donde tienen a sus muy queridos y respetados presos, con lo que se harán con las llaves de las celdas para abrirlas a su libre albedrío. Mientras continúan con el tira y afloja de hacerse con “su” caja de la Seguridad Social. Las manifestaciones de los pensionistas todos los lunes, en Bilbao, están conectadas a esa exigencia.

ERC, Convergencia, la CUP, los CDR y los PDEM

Juntos en libertad ¿en la cárcel también? (Foto de Internet)

Aunque la prensa domesticada y la presuntamente bien intencionada y los analistas políticos que opinan de acuerdo con el pesebre en el que comen todos los días, nos quieren pintar matices del proyecto separatista, cuando en realidad PUIGDEMONT, TORRA, JUNQUERAS, TORRENT e incluso COLAU (DOMENECH ha dimitido) reman en una sola dirección: la INDEPENDENCIA, la ruptura con España por las bravas, si es necesario, y la implantación efectiva de la República que proclamaron en octubre del pasado año. Los “paños calientes” de Pedro Sánchez esa gentuza se los pasa por la entrepierna, como bien alto y claro ha dicho el memo de TORRA en su discurso en el Teatro Nacional de Cataluña, algo que debía haber efectuado en el Parlament, cerrado a cal y canto, porque los “inde” no quieren, por el momento, meterse en las arenas movedizas institucionales por hechos delictivos.

Hace unos días leí en “La Razón” que nuestro “querido” Presidente le va a proponer al tontiloco y marioneta (pero peligroso) Joaquín Torra un Referéndum para que Cataluña vote un “Estatuto” para ampliar el autogobierno de la Región, pues el vigente “NO LO VOTÓ”. No es un “conejo nuevo” sacado de la chistera de este nuevo tahúr del Misisipi pues en el mes de junio pasado ya lo había anunciado. El que suscribe lo recogía el día 13, en estas mismas páginas, en los siguientes términos:

“Y no olvidemos que estos delicados termas los va a gestionar personalmente el presidente Pedro Sánchez, que pondrá la letra, mientras que su antecesor Rodríguez Zapatero (que pone la “música”) ya le apunta que la solución está en volver al Estatut de 2004 que en 2010 declaró (en algunos aspectos) no acorde con nuestra Constitución el TC, por lo que anularon diversos artículos que determinaban la independencia de facto de Cataluña (Tribunal Supremo, Administración de Justicia, Hacienda propios; idioma catalán exclusivo -nada de cooficial con el castellano-; potestad legislativa al margen de la española respecto de esos temas, así como el reconocimiento de que Cataluña era una Nación, distinta a España, con proyección política diferente y diferenciada)

Un mediano estudiante de Derecho Político diría que reconocer que en el seno de España existe “otra Nación” es lo mismo que aceptar su autodeterminación y conversión en Estado soberano en el momento que le pete sin necesidad de consulta ni referéndum. Eso es lo que el cretino de Zapatero al alimón con el “sociolisto” de Maragall y la colaboración necesaria de Mas llevaron a efecto valiéndose de sus mayorías parlamentarias. ¡¡Y ahora va a ofrecer Sánchez a Torra (y Puigdemont) volver a aquel Estatut anticonstitucional!! ¿Dejando sin efecto una sentencia por vía de la mayoría de los 22 grupos parlamentarios que le auparon a la presidencia? ¿Revisándola por cauces ilegales que equivaldrían a un golpe de Estado? No soy capaz de ver la luz al final de este túnel”.

¿Qué quiere decir Sánchez cuando afirma que «Cataluña tiene un Estatuto que no votó»? ¿Que el Tribunal Constitucional, en vez de enmendarlo en sus extremos ilegales, debería haberse subordinado a la voluntad política de la Generalitat? Este presidente se está precipitando por la misma senda errónea de su antecesor Zapatero, que se comprometió a aprobar lo que saliera del Parlament, invadiendo competencias del Poder Judicial y preparando la inevitable frustración de los ilusos.

Llegados a este punto, la machacona apelación al diálogo político nos retrotrae al pensamiento mágico y tiene tanto sentido como afrontar una epidemia con homeopatía. No es Sánchez el que tiene que formular ofertas; es Torra el que tiene que regresar al pragmatismo del límite constitucional o atenerse a las consecuencias. El hecho final tiene que ser una votación, ha prometido Sánchez.

Todo lo empezó Zapatero ¿de acuerdo con Maduro? (Foto de Internet)

Seamos serios, una votación (referéndum) solo en Cataluña para la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía y dejando a un lado que su contenido pudiera ser constitucional o no, le daría a los separatistas la herramienta por la que vienen suspirando, exigiendo y delinquiendo: si lo rechazaba la mayoría (ya se encargarían desde la Generalitat, los Mossos y demás lacayos de que así fuera) se consolidaría de iure y de facto que los catalanes no están por la Autonomía sino por la independencia, con lo que podrían acudir a órganos y foros internacionales (de eso saben un montón) para ir con los resultados de un referéndum legal, no como el del uno de Octubre.

De cualquier forma, “Joaquinito” Torra ha rechazado de plano la vía “sanchesca” para solucionar el conflicto: El “dialogo” para él (como marioneta de Puigdemont) solo tiene dos temas a tratar: la independencia y la libertad de los presos. Para la separación pueden pactarse “plazos”; para la segunda, el término ya está fijado: la de la sentencia que se dicte por el TS contra los golpistas.

Presos preventivos

Ya alertábamos en otros escritos que mientras no sean inhabilitados en sus funciones parlamentarias y gubernamentales los políticos presos (el Parlament cerró sus sesiones al comienzo del verano “sin mojarse” al respecto y todavía no se han pronunciado) la Fiscalía no puede (no debe) pedir la libertad provisional de los mismos porque subsiste una de las causas por las que están en la cárcel: “LA POSIBILIDAD REAL DE VOLVER A COMETER LOS MISMOS DELITOS DESDE LAS INSTITUCIONES”. La otra, la de eludir a la acción de la Justicia (el juicio) la tienen amortizada pues en su día no se fugaron como el felón de Puigdemont. Hay que esperar. Si son inhabilitados podrá pedirse su libertad provisional, dentro de un cierto orden procesal, y sin que los Fiscales tengan que sonrojarse en exceso.

Algunos de los 10 presos del “procés” de camino hacia la cárcel (Foto de Internet)

Que el señor Pedro Aragonés exija con luz y taquígrafos al Presidente del Gobierno de España que le dé órdenes a la Fiscal General del Estado para variar la acusación de rebelión y sedición de los golpistas si quiere que en el Congreso le vote a favor ERC los Presupuestos del año próximo, es demostrativo del grado de osadía con el que actúan estos pandilleros (¿Lo tenéis bien cogido de los testículos, verdad, señor Aragonés?)

El “chantajista” Pedro Aragonés García (Foto de Internet)

Según el diario “El País”, aunque la respuesta pública del Gobierno ha sido que no puede interferir en la independencia judicial ni en la de la Fiscalía, en privado, la respuesta del Gobierno a los independentistas no se basa en esa independencia total de la fiscalía, algo que no sería creíble para ellos. De hecho, miembros del Gobierno señalan que esa posibilidad de buscar un cambio de posición se llegó a estudiar, aunque solo fuera como hipótesis, pero se descartó inmediatamente por un motivo fundamental, que es el que trasladan a los independentistas: el riesgo de que esa compleja operación política acabara muy mal para los propios presos es enorme. Si hay algún cambio, señalan en el Ejecutivo, tendría que venir de los propios fiscales y no forzado, algo muy improbable. E incluso así sería peligroso por la reacción que podrían tener los jueces del Supremo, un mundo dominado por el sector más conservador y que también tiene presiones en sentido contrario desde el mundo del PP, Ciudadanos y algunos medios (a tener en cuenta el revuelo causado en todos los estamentos judiciales por la actitud de la Ministra de Justicia de no querer financiar la defensa del Juez Llerena)

Juicio oral para juzgar a los golpistas

Oficiosamente se ha filtrado que antes de finalizar este año 2018 los golpistas serán juzgados por los presuntos delitos cometidos. En una España normalizada institucionalmente, con un Gobierno fuerte no sujeto a chantajes, la norma procesal general es que el Juicio se celebrara en las dependencias del órgano jurisdiccional que tiene la competencia, o sea el Tribunal Supremo, son sede en Madrid. Una consecuencia lógica e inmediata debería ser el traslado de todos los presos que están en Barcelona a prisiones cercanas a Madrid para que los reos estuvieran en todo momento a disposición del Tribunal. Ese es el ABC procesal. No obstante, en ningún lugar he leído u oído que ese traslado esté previsto. Es más, el “amiguete” Torra acaba de decir que si la sentencia es condenatoria “él no acata la sentencia y pone a los presos en la calle”, lo que implica que asume con seguridad que los presos continuarán en Cataluña y no habrán sido trasladados a Madrid (¿Promesa oculta?)

El Tribunal Supremo al tener jurisdicción sobre todo el territorio nacional puede trasladarse a Barcelona para celebrar el juicio que previsiblemente tendrá una duración de varias jornadas. Lo puede motivar en que los hechos ocurrieron en esa Comunidad, que se facilitaría el acceso de reos, testigos y familiares de aquellos a las sesiones, sin tener que soportar costosos desplazamientos, etc., y en que su competencia no radica en el lugar sino en sus magistrados constituidos en audiencia pública. Hay tribunales como la Audiencia Provincial de Málaga que se desplaza a celebrar juicios a Melilla o la de Cádiz a Ceuta y me consta que algo semejante ocurre con la de Palma de Mallorca que va a Menorca o Ibiza por los mismos motivos que pudiera invocar el TS. Claro que esos Magistrados del Supremo en Barcelona (tendrán que comer y dormir en algún lugar) y la sede donde se celebrara el juicio, no creo que estuvieran demasiado “libres” en sus actuaciones pues las coacciones serían de órdago y el clima tan enrarecido que sería imposible administrar justicia con la serenidad necesaria.

Sala 2ª del Tribunal Supremo (Foto de Internet)

Queda otro supuesto para que los presos no sean trasladados a Madrid y continúen en Cataluña dentro de unas celdas cuyas llaves ostenta en exclusividad el Sr. Torra. Me refiero a que ese juicio se celebrara desde Madrid, sin la presencia de los acusados, por medio de eso que llaman videoconferencia, de lo que no entiendo demasiado, aunque conozco que se utiliza para tomar declaraciones a distancia incluso juicios en algunos tribunales.

Lo que si tiene el Gobierno en sus manos es que una vez dictada sentencia condenatoria es promover el indulto por “ser delitos políticos” y para encarrilar la situación de Cataluña. Mientras tanto se tramitaba el indulto los penados podrían ser puestos en libertad provisional hasta la concesión o no del indulto y, en su caso, la firmeza de la sentencia o el recurso al Tribunal Constitucional ¿Se contentará el tándem Puigdemont-Torra con esa expectativa?

Juicio oral celebrado mediante video conferencia (Foto de Internet)

España, en manos de Pedro Sánchez, siguiendo la senda que le fijan y allanan PODEMOS y los partidos separatistas, va de cabeza al abismo en el que morirá sin remedio. La única solución para que nuestra sagrada Nación perdure y podamos dejarla en herencia a nuestros hijos y nietos, tal como la recibimos de nuestros padres y abuelos, son unas elecciones generales y una coalición de aquellos que creen y quieren (aunque no se atrevan a decirlo en público) a España: PP, CS y PSOE, con un programa electoral en el que se postule por una nueva Ley Electoral (fuera los nacionalistas del Congreso; al Senado solamente, como Cámara de representación territorial y no como “cementerio de elefantes”) y un Código Penal claro y contundente para castigar el delito de traición al Estado (que no otra cosa es lo que hacen los dirigentes de una institución “estatal” como es la Generalitat de Cataluña). Con esas dos medidas y la recuperación por el Estado de las riendas de la educación y las finanzas, podría conjurarse el peligro actual. Si esos partidos no son capaces de llegar a esos acuerdos serán los culpables de la desaparición de España o de que el timón del Estado pase a determinadas fuerzas políticas y militares por aplicación del artículo 8 de la Constitución en defensa del artículo 2.

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